LA GUERRA DEL AGUA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Al hablar de la guerra del agua nos referimos a un asunto muy complejo y de gran impacto social, que generó una importante movilización vecinal en la capital de Gran Canaria, entre 1981 y 1983. Escribimos sobre agua e historia. Hablamos de sequía. Pero se preguntarán los lectores, dónde está el componente de tipo meteorológico y medioambiental en relación con los escasos recursos hídricos de la isla de Gran Canaria. Trataremos de explicarlo.

LA GUERRA DEL AGUA. TIPOS DE SEQUÍA

Debemos tener en cuenta las distintas tipologías de la sequía. Por un lado, cabría definir la sequía meteorológica como la ausencia prolongada de precipitación en una región durante un período de tiempo prolongado y, por otro lado, tenemos la sequía hidrológica, que es un periodo en el que los recursos hídricos son insuficientes para satisfacer la demanda de agua de una población. Esta última, está igualmente relacionada con la gestión de su suministro y para que, el líquido elemento, llegue a toda una comarca. Es lo que ocurrió aquel año con la rotura de la potabilizadora que dio pie a la icónica “guerra del agua” de 1981, donde el nuevo estatuto de autonomía, en relación con la propiedad del agua, enfrentó violentamente a los vecinos de los barrios con el consistorio presidido por Juan Rodríguez Doreste.

Hacía ya algunos años, desde que finalizó la sequía de 1976, que la gestión del abastecimiento del agua era un desastre tercermundista. La propiedad del agua estaba en manos de un baturrillo de aguatenientes que convierten la situación en un mercado persa, donde la fijación de precios dependía de los deseos y no la competencia, duplicándose facturas y suministrando al caprichoso antojo de los “dueños” del agua. Solo la llegada de las potabilizadoras, socializó un 35% la propiedad. Todo dependía, pues, de los propietarios, de la potabilizadora (gran parte del tiempo averiada) y de si llovía. El ayuntamiento organizaba el suministro de agua a través de un desastre llamado: “Empresa Municipal de Aguas”.

El agua pública de la potabilizadora era de poca calidad y sin alcance general por las averías constantes, situación extremadamente precaria que se prolongó hasta la construcción de la segunda planta.

Para hacernos una idea de cómo vivían los vecinos, debemos acudir a las hemerotecas, y rescatar unas palabras de Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria: “la guerra del agua fue el hecho más importante del fin de siglo en la ciudad, que te digan que en tu casa no va entrar agua más que una vez por semana y que no puedes coger más de la que te entra porque te multan. Cuando ibas a una casa de visita, el baño estaba repleto de cubos llenos de agua. Si ahora vieras eso, pensarías que están locos. Pues eso se vivió en la ciudad como lo más normal hace tan sólo unas décadas. También ocurrió a principios del siglo XX.”

EL PRIMER ALTERCADO VECINAL FUE EN SEPTIEMBRE DE 1981

Todo empezó 1981, cuando Doreste en su primer mandato, con el 14% de los votos, decretó una subida del 100% del precio del agua. Este hecho, unido a la injusta facturación del consumo (un contador patrón en vez del cobro por vivienda), desencadenó graves altercados. En el conflicto terminaron envueltos todos los barrios de la periferia sur de Las Palmas de Gran Canaria.

En la tarde del 11 de septiembre de 1981, los manifestantes formaron barricadas y colocaron bolsas y cubos de basura en las calles, obstaculizando el tráfico y creando un caos circulatorio que se fue agravando a lo largo de la tarde. Los actos vandálicos y la tensión iban en aumento durante aquella jornada, y muchos analistas indican aquel 11 de septiembre de 1981, como el momento de mayor violencia social en tiempos democráticos en la capital de Gran Canaria. Hubo decenas de detenidos, y hubo que prestar asistencia sanitaria, tanto miembros de las fuerzas del orden como a varios manifestantes.

1983, SE RECRUDECE EL CONFLICTO

La ciudad de Las Palmas, padeció la más grave restricción de agua del abastecimiento público de su historia, un 10 de abril de 1983, al quedar paralizada una de las dos potabilizadoras por motivos técnicos y producir la otra a la mitad de sus posibilidades.

Pero fue en agosto de 1983 cuando llega el momento crucial de esta “guerra del agua”. El ayuntamiento cortó de agosto a octubre el suministro en Tres Palmas, ante la negativa de los vecinos a pagar unos recibos desorbitados y duplicados.

El 19 de agosto de 1983, a primera hora de la mañana, un grupo de operarios del servicio municipal de abastecimiento de agua acompañados por la Policía local y la Policía nacional, comienzan a cortar el suministro ante la sorpresa de los vecinos. Siguiendo las directrices del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que por aquel entonces dirigía el alcalde Juan Rodríguez Doreste. Los trabajadores procedieron a anular las válvulas y a cortar las tuberías para evitar que los residentes de la zona pudieran volver a abrir las llaves de paso. Como era de esperar, las quejas no tardaron en llegar. Las medidas vecinales, tampoco. Aquel día, empezó la conocida como ‘guerra del agua’. Una lucha social de más de dos meses que, 39 años después, sigue latente en la memoria de aquellos que no dudaron en salir a la calle para defender sus derechos. Las movilizaciones se extendieron a todos los barrios de extrarradio. Los vecinos estuvieron hasta 70 días sin abastecimiento, trayendo el agua desde Telde en cubas. Sanidad obligó al ayuntamiento a llevar agua a las zonas a las que se había interrumpido el abastecimiento, pero los vecinos se negaron a recibir el agua del consistorio y contrataron el servicio por su cuenta.

Un grupo de abogados grancanarios, basándose en artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Constitución española de 1978, presentó en el juzgado número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, una denuncia contra el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Rodríguez Doreste, por considerar que, con su decisión de cortar el suministro de agua a varios barrios de la capital, ha provocado un delito de sedición entre los ciudadanos afectados.

Uno de los abogados era el ex diputado de UPC por Las Palmas, Fernando Sagaseta. La denuncia se relaciona con la decisión municipal de cortar el suministro de agua potable a diversas barriadas que se habían declarado en “huelga de recibos”, no satisfaciendo el importe de las facturas del servicio municipal de abastecimiento de agua. Fundamentalmente, esta actitud fue adoptada por las barriadas de Tres Palmas, Pedro Hidalgo y el polígono de San Cristóbal, cuyos vecinos no pagan al ayuntamiento desde hace varios meses.

El 14 de septiembre de 1983, 300 personas irrumpieron en las instalaciones del servicio municipal de abastecimiento de agua en el polígono de la Vega de San José, portando picos y palas con el propósito de abrir una zanja para dejar libre el registro de la válvula de cierre en cuyo proceso rompieron tuberías y desparramaron gran cantidad de agua. Esta acción provocó un enfrentamiento entre dichos vecinos y miembros de la policía municipal, realizando estos, diversos disparos de intimidación.

70.000 ciudadanos de Tres Palmas, San Cristóbal, Pedro Hidalgo y Ciudad Alta sufrieron la falta de agua durante dos meses. Penuria en las viviendas, suciedad en los colegios, proliferación de enfermedades infecciosas. Las asociaciones de vecinos del sur periférico de la ciudad convocaron la “GRAN FIESTA DEL AGUA”. Manifestación por la ciudad y multitudinaria protesta en la puerta de los servicios municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bloqueo de la autovía marítima, incendio de los bidones de agua puestos por el ayuntamiento como alternativa a la falta de suministro (dos litros de agua por día y persona), intervención del GOIA (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo) de la Policía municipal.

Pero, ¿qué balance dejó aquel episodio de tensión social y gestión en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aparte de una fotografía, disfrazado de Greta Garbo durante el Carnaval, del alcalde de la ciudad y la derrota del PSOE en las siguientes elecciones municipales?

Los vecinos consiguieron, al fin, que el consistorio reculara y la facturación cambió para siempre.

El Ayuntamiento de Las Palmas recibe el 14 de octubre de 1983, la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital grancanaria, en la que se le insta a la reanudación del suministro de agua, que fue cortado hace dos meses por decisión municipal, a los vecinos del polígono de la Vega de San José y de Tres Palmas.

La empresa Emalsa se constituye el 13 de julio de 1984, produciéndose el cambio de denominación de la sociedad por “Empresa Municipal de Aguas de Las Palmas, S.A. Una continuada política de potabilización y depuración, ha dado como resultado que el problema se haya reducido en gran medida.